Siete médicos, en su mayoría jefes de guardia del Hospital Municipal de Vicente López y la Maternidad Santa Rosa, de Florida, que habían sido jubilados de prepo por el municipio, fueron finalmente restituidos ayer en sus cargos por la Justicia, luego de trabajar casi medio año sin permiso ni goce de sueldo: pese a que la comuna los había dado de baja, ellos siguieron cumpliendo sus funciones. El municipio los jubiló por un ajuste, pero ahora la Cámara dictaminó que esas jubilaciones forzosas no eran legales.
Los profesionales fueron jubilados por una original interpretación de la ley bonaerense de Emergencia Económica por la que los empleados del Estado de 55 años o más y con 25 años de aportes pueden ser sometidos a un régimen de jubilación compulsiva, según lo determine cada comuna. El fallo de la Cámara de Apelaciones I de San Isidro que los restituyó tuvo en cuenta un inciso clave pasado por alto por la Municipalidad de Vicente López: el que indica que los docentes y el personal del área de salud se encuentran exceptuados de la norma.
Cinco meses y medio, casi seis, pasaron desde el último 28 de enero, cuando los médicos Horacio Benzaquén, José Cambria, María Lilia Martínez, Pedro Primatesta, Hugo Salem, Hugo Osvaldo Sánchez y Jorge Daneri, recibieron el memorando con la repentina decisión de la Intendencia. “Se nos comunicaba que en febrero dejábamos de formar parte del plantel médico del hospital. Que de acuerdo a la ley de Emergencia Económica debíamos aceptar la jubilación”, explicó a Página/12 Salem, encargado del sector de gastroenterología del hospital Bernardo Houssay. Sin embargo, los especialistas a cargo de casi todos los servicios básicos que se brindan en los establecimientos, además de la instrucción de los médicos residentes, decidieron resistir la medida y tomar cartas en el asunto.
Apoyados por el Sindicato de los Trabajadores Municipales de Vicente López, la Asociación de Profesionales del hospital y los abogados del Colegio de Médicos de San Martín, presentaron primero un recurso administrativo de reconsideración de la medida ante el municipio –sin obtener respuestas positivas– y dos denuncias después, una ante la Fiscalía General bonaerense y otra al Instituto de Previsión Social. “Lo que se logró con las denuncias fue que la Suprema Corte de la provincia considerara el caso y declarara competente al juez (Juan Eduardo) Makintach, quien se lo terminó pasando a la Sala I de Apelaciones”, contó a este diario Victorio Pirilo, secretario general del sindicato.
Por fuera de los ámbitos judiciales, los profesionales perjudicados realizaron varias marchas de protesta frente al edificio municipal ubicado sobre la avenida Maipú en Olivos. “El apoyo de los vecinos fue muy grande, en la última protesta nos acompañaron casi mil personas”, comentó Salem. “Fueron meses muy duros. No sólo no nos pagaban sino que además teníamos prohibido operar en los quirófanos y atender a nuestros pacientes usuales. Trabajamos a pura voluntad y sin poder siquiera dar el presentismo”, aseguró el otorrinolaringólogo Horacio Benzaquén.
Sin embargo, no todas son buenas noticias para la gente del hospital. La misma situación de incertidumbre por la que pasaron sus colegas la sufren hoy otros dos jefes de guardia. Hace casi un mes, con sus 55 años recién cumplidos, Jorge Cabrera, neurólogo, y Bojan Batinik, traumatólogo, recibieron la carta documento por la que se los jubilaba de prepo. “Vamos a luchar como lo hicieron nuestros compañeros porque lo que están haciendo con la salud es gravísimo”, sostuvieron los médicos.
