NUEVAMENTE SIN SUELDO
¿Otra vez Goliat haciendo gala de sus tres metros de altura? La imagen bíblica no es ingenua: no habla solo de fuerza, sino del uso de esa fuerza. Y ahí aparece la pregunta incómoda, la que incomoda al poder cuando se siente impune: ¿la fuerza es el derecho de las bestias o el último refugio de quienes ya no pueden sostenerse en la ley?
En San Nicolás de los Arroyos, el poder parece insistir en una lógica repetida: cuando queda expuesto ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y frente a toda la comunidad, responde no con argumentos, sino con hechos consumados. No con razones, sino con silencios administrativos que pesan más que cualquier discurso. Hoy, ese silencio tiene una forma concreta: la ausencia del salario en la cuenta de haberes del Banco Hipotecario.
Y entonces la escena se vuelve más compleja. Porque ya no es solo un conflicto personal o sindical. Es una cadena de omisiones que involucra también a la Justicia. La tibieza del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que no sanciona incumplimientos ni hace efectivas las resoluciones de reinstalación laboral y garantías salariales, termina siendo funcional a esa lógica de poder que avanza cuando nadie la detiene.
Lo grave no es solo el hecho puntual —el no pago del salario— sino lo que representa: un intento de disciplinamiento. Una advertencia implícita hacia quien reclama, hacia quien se organiza, hacia quien no acepta la exclusión sindical ni las persecuciones políticas, personales o gremiales. Como si el mensaje fuera claro: reclamar tiene costo.
Pero conviene recordar algo elemental, casi obvio, aunque a veces olvidado: la administración pública no es un territorio privado. No es un espacio para caprichos ni para vendettas. Es, o debería ser, la representación concreta del interés colectivo. Un intendente no gobierna para sí mismo ni para su círculo: gobierna —o debería gobernar— para la comunidad que lo eligió.
El accionar que se denuncia no solo incumple fallos judiciales; erosiona la calidad institucional. Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser individual para convertirse en social. Porque cada derecho vulnerado sienta un precedente. Y cada precedente tolerado abre la puerta a nuevos abusos.
Por eso el repudio no es un gesto retórico. Es una toma de posición. Es la reafirmación de que el reclamo seguirá los carriles legales correspondientes ante el Tribunal de Trabajo. Porque si algo distingue al Estado de derecho de la ley de la selva es, justamente, la posibilidad de recurrir a la ley incluso cuando el poder intenta ignorarla.
Al final, la metáfora de Goliat queda incompleta si no se recuerda cómo termina la historia. No gana el más fuerte, sino el que entiende que la legitimidad no se mide en metros de altura, sino en la justicia de sus actos.
Porque hay una certeza que resiste cualquier atropello: la única lucha que se pierde es la que se abandona
