La historia suele repetirse. A veces como tragedia, otras como farsa. En la antigua Roma, Geta y Caracalla compartieron el poder hasta que la ambición terminó resolviendo las diferencias por los métodos más brutales. Dos hermanos disputando influencia mientras el Imperio observaba. Dos hermanos convencidos de que el problema siempre estaba afuera.
En San Nicolás la escena tiene matices menos sangrientos, pero no menos elocuentes. Mientras los hermanos Passaglia libran su propia batalla política y electoral, los trabajadores municipales siguen ocupando el lugar de siempre: el de espectadores involuntarios de una pelea que nunca mejora sus condiciones de vida.
Manuel Passaglia gobernó más de ocho años el Municipio de San Nicolás. El balance para los trabajadores es difícil de maquillar. Los salarios municipales se ubicaron entre los más bajos de la provincia de Buenos Aires. Se promovió un régimen permanente de retiros voluntarios que redujo personal estable y consolidó la precarización laboral. Se construyó además uno de los sistemas disciplinarios más severos que se recuerden en la administración pública local.
El caso más cruel es conocido por todos los municipales: un trabajador accidentado o enfermo dispone de apenas treinta días de licencia. Después comienza el desfile de rechazos, observaciones y descuentos. Como si la enfermedad pudiera adaptarse a los plazos administrativos. Como si la recuperación dependiera de una resolución municipal.
La Delegación de Conesa, la más alejada del casco urbano, terminó convertida en una suerte de destino disciplinario para quienes resultaban incómodos. Una práctica que muchos conocen, aunque pocos se animen a describir públicamente.
También quedaron para la memoria los famosos bonos de fin de año. Anunciados con bombos y platillos, terminaron alcanzando a un porcentaje mínimo de trabajadores bajo condiciones tan insólitas como restrictivas. Sin embargo, semejantes exigencias jamás parecieron aplicarse a los concejales oficialistas, quienes continuaron percibiendo beneficios que fueron denunciados judicialmente como posibles dádivas y observados por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora, desde la Legislatura y desde distintos espacios políticos, vuelven a aparecer las críticas contra IOMA. Y nadie sostiene que la obra social atraviese un momento ideal. Pero la pregunta incómoda sigue esperando respuesta: ¿cómo pretenden fortalecer el sistema solidario de salud mientras mantienen miles de trabajadores precarizados y salarios deprimidos?
La ecuación es sencilla. Si existe una preocupación genuina por la sustentabilidad de IOMA, los municipios deberían comenzar por aumentar los salarios de sus trabajadores y regularizar a quienes continúan en condiciones precarias. Más aportantes registrados y mejores ingresos significan mayores recursos para el sistema. Lo demás es discurso.
Mientras tanto, desaparecieron centros de salud, faltan medicamentos y cada vez más prestaciones terminan derivadas al sector privado. Allí aparecen las diferencias entre coberturas, autorizaciones y categorías de pacientes. Lo público se debilita y lo privado se fortalece. Un mecanismo tan viejo como efectivo para transferir responsabilidades del Estado sin admitirlo públicamente.
En ese contexto reaparece la figura de Mateucci, eterno funcionario, uno de los hombres mejor remunerados del esquema político local y hoy legislador preocupado por la situación de los trabajadores. Una preocupación tardía para quien fue señalado durante años como uno de los principales ejecutores de las políticas de persecución y disciplinamiento dentro del Municipio.
Lo paradójico es que Manuel Passaglia cuestiona el financiamiento de la obra social mientras el municipio gobernado por su propio hermano es uno de los que menos aporta en relación con la cantidad real de trabajadores que sostienen los servicios públicos. La razón es conocida: miles de empleados continúan bajo formas precarias de contratación que reducen los aportes al sistema.
Es el reino del revés. Los responsables de los salarios bajos hablan de justicia social. Los responsables de la precarización denuncian problemas de financiamiento. Los responsables del deterioro de la salud pública se presentan como defensores de los pacientes.
Y mientras los hermanos disputan poder, cargos y protagonismo, los trabajadores siguen esperando algo tan revolucionario como simple: un salario digno, estabilidad laboral y respeto.
Desde el Sindicato Único de Trabajadores Municipales, adherido a la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), continuaremos reclamando lo que corresponde. Porque detrás de cada estadística, de cada expediente y de cada discurso, existen trabajadores reales que sostienen el funcionamiento cotidiano del Estado. Y porque ninguna pelea entre poderosos puede ocultar indefinidamente la realidad de quienes viven de su trabajo.
