La Justicia ordenó reincorporar a Osvaldo Martínez, dirigente de un sindicato municipal adherido a FeSiMuBo, y pagarle todos los salarios caídos, intereses y costas del juicio.
El Tribunal consideró que su cesantía fue un acto de discriminación antisindical y respaldó el derecho de los trabajadores a organizarse.
Según la Federación que conduce Hernán Doval, el accionar del Ejecutivo municipal podría costarle a las arcas públicas más de $50 millones.
REVÉS JUDICIAL PARA EL MUNICIPIO DE FLORENCIO VARELA





