“Al fin logramos que la causa contra Salazar avance”
Los municipales, conducidos por Juan Acosta, iniciaron una demanda penal contra Cecilio Salazar, el intendente sampedrino de UATRE que pasó por el PRO.
Juan Acosta es secretario general del Sindicato de Trabajadores municipales de San Pedro (STMSP), cuyo salario básico ronda los 500 mil pesos, por debajo de la indigencia si se considera que detrás de cada uno de ellos hay una familia tipo.
Hace alrededor de un año, el sindicato comenzó una serie de medidas de fuerza que fueron respondidas desde el ejecutivo con prácticas que Acosta considera antisindicales y, tras una serie de marchas y contramarchas, terminaron en la justicia.
Del otro lado, el intendente es Cecilio Salazar. Elegido en 2015 por el Pro y luego devenido peronista, Salazar era en realidad un hombre de UATRE. Como mano derecha de Jerónimo “Momo” Benegas, manejó mucho más poder allí que en esta ciudad de setenta mil habitantes, a la vera del Paraná. Hasta que perdió la interna sindical por la herencia contra Ramón Ayala y Pablo Ansaloni.
Acosta da a entender que el ajuste a los trabajadores municipales es la contracara exacta de un desmanejo financiero que parte de contrataciones de proveedores innecesarias y excesivamente generosas.
-¿Cuándo y cómo empezó el conflicto?
–Tenemos varios conflictos en simultáneo. Pero uno que nos preocupa mucho es la retención indebida de la cuota sindical a lo largo de todo este año.
-¿Tiene que ver con los problemas financieros del municipio o es una disputa de poder?
–Me inclino más por la segunda. Salazar viene del sindicalismo y sabe dónde golpear. Por eso, el municipio nunca dejó de hacer las retenciones salariales que nos corresponden, pero hace alrededor de un año dejó de pagarlas.
-¿No les crees que tienen problemas financieros?
–Es lo que ellos argumentan. De hecho, nos mandaron una carta documento intentando justificar la retención en que necesitaban los fondos, que no son de ellos, para otras prioridades. Pero la verdad es que no se votó ninguna emergencia hasta ahora. Y en lo que va del año gastaron más de mil millones de pesos en tercerizar tareas que perfectamente podrían hacer los empleados. ¿Por qué ese afán de tercerizar? Y otro tanto ocurre con la basura…
–¿Qué hicieron ustedes frente a esto?
–Tuvimos que ir a la justicia penal, porque eso es malversación de fondos. Al principio costó, porque la fiscalía de acá se excusó, con el argumento de que el municipio paga el alquiler del inmueble donde funciona, pero ahora quedó radicada en Baradero y esperamos que siga avanzando.
-¿A qué atribuís esa decisión del municipio?
–A un intento de disciplinarnos, puramente extorsivo. Nosotros veníamos reclamando una serie de cuestiones, tanto salariales como de cumplimiento del convenio colectivo. Hace un año empezamos a realizar medidas de fuerza porque de otra manera no nos atendían. Justo entonces dejaron de pagarnos lo que nos corresponde por ley.
-¿Y cómo es su situación financiera?
-Es delicada, obviamente. Tenemos deudas con varios proveedores, porque nosotros realizamos convenios de descuento con muchos comercios. Es la única forma de que un trabajador municipal pueda vivir dignamente con estos salarios. Llegó a debernos cerca de 250 millones. Hizo algunos pagos parciales y ahora estamos en 170.
-¿Cómo están a nivel salarial, que fue el detonante del conflicto?
–Estuvimos casi todo el año luchando para que abrieran las paritarias. Recién nos convocó el mes pasado, porque la cosa se le iba de las manos, Pedíamos treinta, que es la inflación oficial, y nos ofrecían cinco. Terminaron pagando catorce en dos tramos, ocho más seis. Pero en el medio nos descontaron los días de paro, así que abrieron otro frente de conflicto. Parece que no pueden evitarlo, que es más fuerte que ellos.
-Deben ser negociaciones muy complejas…
-De los tres funcionarios que se sientan en representación del ejecutivo, dos están imputados de delitos penales. El de Hacienda, Roberto Borgo, por la cuestión de los fondos de las cuotas sindicales y el de Legal y Técnica, Daniel Porta, por falsificación de documento público. Intentó modificar el CCT después de que estaba homologado.
