GASTOS POR SEPELIO, TELETRABAJO Y LEY MICALEA, LOS EJES DE LA REUNIÓN DE GRINDETTI CON CHAZARRETA
Durante el encuentro, el jefe comunal resolvió asignar una ayuda económica a municipales para solventar gastos por sepelio. Otros temas fueron la aplicación del teletrabajo en contexto de pandemia y los cursos de capacitación de la Ley Micaela.
El intendente, Néstor Grindetti y la secretaria del Sindicato de Empleados Municipales de Lanús, Susana Chazarreta, acordaron el otorgamiento de una ayuda económica a familiares de un trabajador municipal fallecido con el objetivo de reducir los gastos por sepelio.
“Venimos reuniéndonos cada quince días con el Intendente y, ya en enero de este año, le habíamos pedido esta ayuda que hoy concretamos por afuera del acuerdo paritario”, subrayó Chazarreta remarcando la importancia de la medida para aliviar la situación económica a los familiares que sufran la muerte de un ser querido.
El funcionamiento del teletrabajo fue otro de los puntos desarrollados en la reunión durante la cual, se puso el acento en la eficacia de la modalidad para paliar los efectos de la segunda ola de contagios de Coronavirus.
Al respecto, desde el inicio de la pandemia el Municipio instaló 317 puestos de trabajo en las casas de los empleados municipales quienes hoy realizan home office utilizando un acceso de Red Privada Virtual (VPN). El mismo es provisto por el Centro de Innovación Tecnológica local.
Entre otras modificaciones implementadas con éxito figuran el empleo de Token de firma digital 281 -ésta es utilizada por 281 funcionarios y trabajadores-, la digitalización de 81 trámites y la realización de 49 tipos de gestiones para los empleados.
Por otra parte, Grindetti y Chazarreta dialogaron sobre el desarrollo de los cursos a funcionarios y empleados iniciados el año pasado en el marco de la Ley Micaela. Los mismos continuarán a lo largo del 2021 con el objetivo de brindar herramientas de gestión que permitan un abordaje integral sobre la problemática de Género en todas las dependencias locales.
La ley nacional -que lleva el número 27.499- fue sancionada el 10 de enero de 2019 en homenaje a Micaela García quien murió a causa de un femicidio. La misma establece la capacitación obligatoria para todos aquellos que ocupen cargos públicos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.