CARTA ABIERTA AL DIPUTADO PROVINCIAL MANUEL PASSAGLIA

Desde el Sindicato Único de Trabajadores Municipales de San Nicolás, adherido a FESIMUBO, consideramos necesario responder públicamente a sus recientes manifestaciones acerca del denominado “efecto tenaza” sobre los salarios y las remuneraciones de los trabajadores.
Hablar del poder adquisitivo de los trabajadores municipales de San Nicolás exige, antes que nada, mirar la realidad concreta de quienes todos los meses deben sostener una familia con su salario.
No alcanza con construir una explicación general sobre la economía si se omite una pregunta elemental: ¿qué ocurrió durante los años en que su padre, usted y actualmente su hermano tuvieron responsabilidades de gobierno en nuestra ciudad con los ingresos de los trabajadores municipales?
Nuestra organización sindical sostiene que el deterioro del salario municipal y de las condiciones laborales no puede analizarse separado de las decisiones adoptadas durante estos años. Y lo decimos con datos que merecen ser discutidos públicamente: actualmente, según estimaciones difundidas por este sindicato, la planta permanente ronda los 350 trabajadores, mientras que años atrás se encontraba en una dimensión sustancialmente mayor. Al mismo tiempo, durante la gestión de su familia fueron denunciadas reiteradamente formas de contratación precarizada; en 2023, incluso, se difundieron estimaciones sindicales de alrededor de 2.500 monotributistas vinculados al Municipio.
La pregunta, entonces, no es solamente cuánto gana un trabajador. La pregunta es qué derechos conserva ese trabajador junto con su salario.
Una relación laboral municipal no puede reducirse a una cifra depositada a fin de mes. También implica obra social, aportes previsionales, cobertura ante accidentes laborales, estabilidad, carrera administrativa y representación sindical. Cuando esos componentes se debilitan o se reemplazan por modalidades precarias, el problema deja de ser exclusivamente salarial: pasa a ser un problema de derechos.
En materia de salud, tampoco podemos aceptar que se discuta el presente sin recordar el conflicto que se produjo cuando durante su gestión se decidió la desvinculación de los trabajadores municipales de IOMA. Aquella decisión fue posteriormente revertida mediante un acuerdo entre la Provincia y el Municipio en mayo de 2024.
Tampoco es una cuestión menor que durante aquellos años los trabajadores dejaran de percibir sus haberes a través del Banco Provincia y pasaran al Banco Hipotecario, ni que se denunciara el reemplazo de la cobertura de Provincia ART por otra cobertura. Esos cambios fueron públicamente cuestionados por nuestra organización sindical.
Y aquí aparece una contradicción que creemos necesario señalarle: no se puede hablar de eficiencia del Estado mientras se deterioran los derechos que hacen que un trabajador sea realmente un trabajador del Estado.
Lo mismo ocurre con la salud pública.
Actualmente el propio Municipio informa una estructura de atención que comprende hospitales municipales, centros de atención primaria, SAME y otros servicios de salud pública. Paralelamente, la ciudad cuenta con el sistema privado GO Sanatorio San Nicolás, inaugurado por el Grupo Oroño, y el propio Municipio reconoce actualmente un modelo de Seguro Médico Municipal que articula prestaciones públicas y privadas.
La discusión que proponemos no es contra la medicina privada. La discusión es quién debe garantizar el derecho a la salud y con qué recursos.
Un emprendimiento privado puede legítimamente desarrollar su actividad, obtener ingresos e invertir. Pero los recursos públicos deben estar orientados a garantizar derechos públicos. Y cuando un trabajador o un vecino humilde no puede acceder a una prestación, a un medicamento o a una atención adecuada, no alcanza con una campaña publicitaria que muestre una ciudad moderna: hay que garantizar que esa modernidad llegue también a quienes menos tienen.
También merece una explicación la situación de servicios esenciales como el transporte, las ambulancias y la atención a las personas con discapacidad. Sobre estos temas hemos expresado cuestionamientos concretos y esperamos respuestas concretas. Hablar de discapacidad, por ejemplo, exige mirar también las políticas municipales destinadas al traslado y acompañamiento de quienes necesitan del Estado para ejercer derechos básicos.
Nuestra preocupación alcanza además al modo en que se administra el patrimonio municipal.
La creación de Descubrí San Nicolás, una sociedad anónima con participación mayoritaria municipal, modificó la forma de administración de distintos espacios de la ciudad. Fuentes periodísticas y dirigentes opositores cuestionaron particularmente su intervención sobre bienes y predios como el Autódromo, el Teatro Municipal, el Estadio y otros espacios.
No nos corresponde reemplazar a los organismos de control ni anticipar conclusiones que deben surgir de la documentación correspondiente. Sí nos corresponde preguntar: ¿cuánto le cuesta al trabajador municipal cada una de estas decisiones y cuánto retorna efectivamente a la comunidad?
Porque mientras se habla de grandes inversiones, grandes obras, grandes eventos y una ciudad que pretende proyectarse hacia afuera, existe otra ciudad que muchas veces no aparece en los videos institucionales: la de los trabajadores que hacen funcionar todos los días los servicios municipales.
La ciudad que limpia.
La ciudad que atiende.
La ciudad que sostiene los hospitales y centros de salud.
La ciudad que mantiene calles, plazas y espacios públicos.
La ciudad que trabaja bajo el sol, bajo la lluvia y durante jornadas que muchas veces no son reconocidas en el discurso político.
Esa ciudad también merece ser escuchada.
Y hay otra cuestión que no podemos dejar de señalar: la libertad de expresión sindical no puede estar condicionada por el poder económico, político o publicitario de una gestión.
Los trabajadores tenemos derecho a reclamar, a organizarnos y a señalar aquello que entendemos injusto. Las diferencias políticas o sindicales no pueden convertirse en mecanismos para castigar a quienes reclaman derechos.
Por eso, señor Diputado, le proponemos algo muy sencillo: dejemos de discutir mediante reels, consignas y relatos enfrentados y discutamos con documentos.
Hablemos de salarios.
Hablemos de planta permanente.
Hablemos de precarización.
Hablemos de obra social.
Hablemos de ART.
Hablemos de jubilaciones y aportes.
Hablemos de salud pública.
Hablemos de discapacidad.
Hablemos de transporte.
Hablemos del patrimonio municipal.
Y, sobre todo, hablemos de cómo llega a fin de mes una familia municipal de San Nicolás.
Porque detrás de cada número existe una persona. Detrás de cada sueldo existe una familia. Detrás de cada trabajador existe una historia de esfuerzo y de servicio a la comunidad.
Desde el SUTM adherido a FESIMUBO no pretendemos que usted piense como nosotros. Pretendemos que escuche aquello que los trabajadores municipales vienen expresando desde hace años.
Y esperamos que, como diputado provincial y exintendente de nuestra ciudad, esté dispuesto a debatir estas cuestiones públicamente, con números, documentación y responsabilidades concretas.
La dignidad del trabajador municipal no es una cuestión partidaria. Es una cuestión social, laboral e institucional.
San Nicolás no es solamente sus obras, sus eventos, sus edificios ni sus campañas de comunicación.
San Nicolás también son sus trabajadores.
Y los trabajadores municipales merecen ser escuchados, respetados y reconocidos.