En sintonía con lo anunciado por Sergio Massa, el gobierno bonaerense lanzó una batería de medidas para reforzar los ingresos de los trabajadores provinciales. La batería incluye un fondo especial para las intendencias. Los casos de Vicente López, Lanús y Tres de Febrero.
El gobernador Axel Kicillof decidió desactivar una de las discusiones que en el comienzo oficial de la campaña apuntaba contra las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa. Anunció una batería de medidas que contemplan un nuevo aumento salarial para los trabajadores públicos de la Provincia de Buenos Aires, una suma fija para aquellos agentes que cobren salarios por debajo de los 400 mil pesos, una suma fija para las jubilaciones menores a los 120 mil y una asistencia para que los intendentes puedan contar con un refuerzo para hacer frente al bono de los trabajadores municipales.
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Desde el anuncio de Massa, la discusión en torno al pago del bono en los municipios empezó a utilizarse como un tema de estricto electoral. Así, mientras Carolina Píparo y los referentes de La Libertad Avanza acusaban al ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria de “manipular la economía a conveniencia de su campaña”, el alcalde de Lanús, candidato a gobernador y presidente de Independiente, Néstor Grindetti, publicó un documento que fue replicado por el resto de los intendentes del espacio, en el que manifestaba no tener con qué pagar el famoso bono de 60 mil pesos repartido en dos veces.
Ese reclamo, que no apuntaba sólo contra la administración nacional sino que también se dirigía a la Casa de Gobierno provincial, es justamente el que quedó desactivado por los anuncios de este lunes, por el anuncio de Kicillof de creación del Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios con el objetivo de “contribuir al refuerzo salarial de las y los trabajadores municipales”. Desde la administración provincial ya anticiparon que ese fondo se distribuirá a solicitud de cada municipio y tendrá carácter de reintegrable.
Aumento y suma fija
La batería de medidas lanzadas por el gobierno provincial incluyó, en el marco de las mesas de monitoreo acordadas en las paritarias, un 10 por ciento de aumento salarial que se suma a lo ya pautado para los haberes de septiembre, completando un 25 por ciento en promedio para todos los trabajadores provinciales.
Adicionalmente, y alineándose con las medidas anunciadas por Massa, la Provincia otorgará por única vez una suma fija no remunerativa en septiembre a quienes hayan percibido haberes en agosto por menos de 400 mil pesos. Serán 30 mil pesos para los trabajadores que perciben, a agosto, salarios netos menores o iguales a 370 mil pesos; y de la diferencia entre 370 mil y 400 mil en los casos en los que los haberes netos sean de más de 370 mil pesos.
El refuerzo también alcanzará a los jubilados provinciales, ya que la administración bonaerense otorgará un bono de 30 mil pesos en septiembre a quienes perciben haberes por menos de 120 mil pesos.
Todo bono es político
Que el debate económico se ubicó en el centro de la campaña nacional y provincial no es ninguna novedad. La lectura sobre el escenario de octubre, que quedó configurado el pasado 13 de agosto, es compartida en los tres campamentos: la victoria de Patricia Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta es una buena noticia para los candidatos de Unión por la Patria, como el primer puesto de Javier Milei y La Libertad Avanza es una pésima noticia para Juntos por el Cambio, pero no necesariamente para el oficialismo.
Por eso Massa y Milei se eligen mutuamente para polemizar, ante una Bullrich que no acierta el rumbo. De reeditarse los números del gobernador Kicillof en la provincia de Buenos Aires, Massa llegaría al ballotage con Milei con el activo de pertenecer a la misma fuerza que el gobernador reelecto de la provincia de mayor peso, en términos demográficos y económicos. ¿Qué puede alterar este escenario? La economía, claro.
En esta línea se explican las últimas novedades, desde la incorporación de Carlos Melconian al equipo de campaña de Bullrich, hasta el contrapunto entre Milei y economistas del macrismo respecto a su actitud ante el FMI. «Un economista de Juntos por el Cambio, exministro, llamó a un economista de mi equipo para bloquear los fondos y reventar este gobierno», denunció Milei sin dar nombres. Y agregó: «Yo quiero ganar las elecciones limpiamente, pero en Juntos por el Cambio están dispuestos a cualquier cosa por un voto más”. A diferencia de los economistas de JxC, que cuando hablaron con las autoridades del organismo sugirieron no desembolsar esos fondos, Milei pidió que sí los depositaran.
La realidad tiene sus matices, sobre todo en tiempos de campaña dura. Cualquier mejora o alivio en la situación de los sectores populares vuelve más competitivo al oficialismo, en todos los niveles. Obviamente, esto incluye a los trabajadores municipales, cuyos ingresos en muchos casos están por debajo de la línea de la pobreza.
La creación del fondo específico que anunció Kicillof desactiva, o manda al freezer, una discusión que podría reactivarse cuando los montos deban reintegrarse a la Provincia. Pero en los principales distritos gobernados por el PRO en el conurbano, el pago del bono en cuestión representa un porcentaje mínimo de lo que tienen declarado como plazos fijos y activos financieros. En diciembre, con el cierre del año legislativo, cada municipio debe presentar y aprobar la rendición de cuentas del ejercicio, junto con la aprobación del presupuesto siguiente.
Los depósitos a plazo fijo en los municipios son una práctica habitual, además de una maniobra habilitada por la Carta Orgánica. Los ejecutivos reciben el presupuesto y no ejecutan todo en un día, sino que tienen que administrarlo a lo largo del año. En contextos altamente inflacionarios, estos depósitos son la manera de conservar su poder de compra y contratación.
Lucas Boyanosky es concejal del peronismo en Vicente López, además de candidato a intendente de Unión por la Patria en el distrito. “En Vicente López, la suma fija anunciada por Massa representa casi un 30 por ciento de aumento en el ingreso básico promedio de los empleados municipales», dice, y agrega: «En diciembre del año pasado, el municipio tenía 13 mil millones de pesos invertidos. Si le pagaran la suma anunciada por el ministro Sergio Massa a los 7 mil trabajadores, sumaría unos 420 millones de pesos, es decir, entre el 3 y el 4 por ciento de sus reservas. Y en esa cuenta no estamos incluyendo intereses y rendimientos de los últimos 8 meses. Evidentemente, las motivaciones no son económicas o de recursos, son de otro orden”.
En Lanús, donde Grindetti acaba de obtener una licencia que le permite regularizar su situación, los depósitos bancarios de la municipalidad superan los 7 mil millones de pesos. Fuentes de Unión por la Patria local cuentan que tuvieron que analizar mucho el balance porque, argumentan, desde la intendencia intentaron esconderlos bajo otros títulos e ítems, lo que generó una dura discusión en el concejo deliberante. En declaraciones periodísticas, el propio Grindetti reconoció que el pago de salarios representa alrededor de mil millones de pesos mensuales y que el bono implicaría apenas 300.
Por eso, el concejal Agustín Balladares sale al cruce del candidato del macrismo y asegura que “los trabajadores municipales vienen perdiendo poder adquisitivo año tras año desde 2018”. “Hoy el salario municipal arranca en 70 mil pesos y el bono representaría 2,5 por ciento del gasto en personal y 1 del presupuesto total”, advierte, y cuestiona la estrategia amarilla: “Decir que no hay con qué pagar cuando está en juego el pan de los trabajadores y sus familias es una operación muy baja”.
En Tres de Febrero, el panorama es similar, cuenta el peronista Juan Debandi. “En el último ejercicio, la gestión de Diego Valenzuela declaró más de 2 mil millones de pesos en plazos fijos, y entonces pagarles a todos, planta permanente y contratados, no representaría ni el 10 por ciento de lo que acumulan y sería un alivio para los trabajadores y sus familias, y un impulso al consumo y al comercio local”, describe.
En ese partido del noroeste del conurbano y pegado a la Avenida General Paz, la discusión por el bono profundizó un conflicto sindical. Ariel Collia, de conocida militancia radical, desde el año 2020 titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de ese distrito, alineado con Maximiliano Abad y Patricia Bullrich, anunció que no pelearía el bono anunciado por el Gobierno nacional. Sucede que antes de las PASO, cuando Valenzuela anunció un “segundo aguinaldo”, únicamente para los empleados de planta permanente y dejando fuera del beneficio a los contratados, tampoco lo reclamó. Sí lo hizo, en cambio, el nuevo Sindicato de Empleados Municipales de Tres de Febrero, que encabeza el histórico dirigente Claudio Roma. Denunció discriminación.
Roma reporta a la federación disidente, la más pequeña, conducida por Humberto Bertinat. A ese mismo espacio pertenecía el sindicato que hoy maneja Collia, hasta que intentó armar una nueva federación, más permeable a los intereses y necesidades de los intendentes de Juntos por el Cambio. Pero la jugada no salió como esperaba su protagonista, que hoy se encuentra, GPS en mano, recalculando.
